Cosas Mías

En la actualidad, la relación entre la Iglesia y el Estado ha vuelto a las primeras planas. Las declaraciones de los arzobispos Jorge Bergoglio y Héctor Aguer sobre la posibilidad de que el Estado argentino apruebe la Ley de Matrimonio Igualitario, volvieron a mostrar el pensamiento reaccionario de una institución que siempre ha sido totalitaria.

Como ya se ha hecho público, el primado de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires envió una carta a las distintas diócesis para convocar a “una Guerra de Dios”, en contra de la ley sancionada.

Tal vez los máximos referentes de la Iglesia Católica extrañen aquellos momentos en que los límites entre el Estado y la Iglesia eran poco claros. La época en que, mientras miles de personas eran secuestradas, torturadas y desaparecidas, los torturadores se apropiaban de los hijos de sus víctimas, el país se regalaba a la banca extranjera y todos los trabajadores sufrían las consecuencias del ajuste del modelo de José Alfredo Martínez de Hoz, la cúpula de la Iglesia guardaba silencio cómplice, bendecía a los presidentes de facto y se beneficiada por las medidas que tomaban los usurpadores del Estado.

En aquel momento los máximos referentes católicos no organizaban marchas ni reclamaban contra un Estado genocida. Muy por el contrario, gozaba con el corrimiento de los límites del Estado, que aquella nefasta época sancionó las tres leyes que hoy continúan beneficiando a la Iglesia Católica.

Se trata de la Ley 21.950 (de Sueldo de los Obispos) que señala que los arzobispos y obispos gozaran de una asignación mensual equivalente al 80 por ciento de la remuneración fijada para el cargo de Juez Nacional de primera instancia; la Ley 22.950 (de Formación del Clero) que postula que el Gobierno nacional contribuirá a la formación del clero instaurando que “Los señores obispos percibirán en concepto de sostenimiento mensual por cada alumno del seminario mayor el equivalente al salario de la categoría 10 del escalafón del personal civil de la administración pública nacional”; y el Decreto 1991 (de subsidios para los viajes de los representantes de la iglesia) que lleva la firma del dictador Jorge Rafael Videla, y que establece que los representantes de la Iglesia Católica que necesiten viajar tanto al exterior como dentro del país pueden pedir sus pasajes en la Cancillería.

Por más que le duela a los nuevos jinetes del Apocalipsis, es hora de separar las aguas. La Iglesia tiene derecho a ponerle normas a sus fieles, pero no al resto de la sociedad. Un Estado laico no debe permitir que se legisle para un solo sector religioso y tampoco debe seguir haciéndose cargo de los sueldos de la Iglesia Católica, la institución religiosa económicamente más poderosa del mundo. A Dios lo que es de Dios y al Cesar lo que es del Cesar.